A punto de volar a Brasil, una madre y su hijo se enteraron de que el padre revocó la autorización para que el menor pueda viajar: deberá indemnizarlos

¿Hay algo peor, al irse de vacaciones, que quedarse en tierra con todo pagado? Pues eso es exactamente lo que les pasó a una madre argentina y a su hijo, que llegaron al aeropuerto con los billetes a Brasil comprados y descubrieron en el control de Migraciones que el padre del niño había anulado el permiso para que el menor saliera del país. 

Aunque ella puso una demanda cuando tuvieron lugar los hechos, es ahora, años después, cuando la Justicia le ha dado la razón: la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes ha revocado la sentencia que rechazaba su demanda y ha condenado al padre a pagar cinco millones de pesos más intereses (unos 2.800 euros al cambio). Todo por no acreditar motivo que justificara la anulación del permiso por parte del padre.

Un vuelo de vacaciones frustrado

El plan de la madre era un viaje a São Paulo en enero de 2018, con vuelos, alojamiento y un coche de alquiler para moverse unos días por Brasil. Por entonces, la madre tenía 32 años, y su hijo siete, por ello, debía solicitar autorización al padre para realizar dicho viaje, como exige Argentina para viajar con menores y, como en anteriores ocasiones, éste se lo concedió sin problemas.

De hecho, en el caso de la expareja, la autorización era recíproca: el niño podía viajar al extranjero con cualquiera de sus dos progenitores.

Según la demandante, la fórmula ya había funcionado antes: en enero de 2017 el niño viajó al extranjero con ella y con otros familiares, y más tarde lo hizo con su padre, sin que nadie pusiera pegas. Para ella, eso demostraba que había un acuerdo entre los dos. En octubre de 2017 le contó al padre que pensaba ir a Brasil con el niño y con su pareja de entonces y, como no recibió ninguna objeción, compró los billetes e hizo las reservas.

Eso sí, unos días antes de la fecha el niño le dijo que su padre había anulado el permiso. La madre no se quedó de brazos cruzados: el 26 de diciembre de 2017 preguntó a la Dirección Nacional de Migraciones, que le confirmó que el menor podía salir del país sin impedimentos, y siguió adelante con los preparativos convencida de que todo estaba en regla.

En el aeropuerto, el personal de Migraciones le comunicó que la autorización estaba revocada. La anulación se había registrado el 27 de diciembre, apenas un día después de su consulta y a pocos días del vuelo. Se quedaron en tierra. La madre llamó al padre una y otra vez, con urgencia, sin obtener ni respuesta ni explicación.

En los tribunales reclamó el dinero perdido con la cancelación y una compensación por el golpe emocional para ella y para su hijo, que según la demanda tenía mucha ilusión puesta en el viaje.

En primera instancia perdió puesto que el juez rechazó la demanda al entender que no estaba probado que el padre supiera del viaje ni que la revocación fuera abusiva o intempestiva, y tuvo en cuenta además que la madre había renunciado a presentar algunas pruebas.

Ella recurrió. Para los jueces de la Cámara, el informe de Migraciones bastaba para acreditar la revocación del 27 de diciembre de 2017 y, por lo cerca que quedaba de la fecha del viaje, también para fijar la responsabilidad del padre. Tampoco les pareció razonable que él no supiera nada del plan, teniendo en cuenta la relación entre los progenitores y el contexto; si sostenía lo contrario, era él quien tenía que probarlo.

Lo cierto es que el padre, que hoy tiene 42 años, no acreditó ningún motivo para dejar sin efecto el permiso. El tribunal recordó que en los conflictos familiares rige un deber de información y cooperación entre los progenitores, sobre todo cuando lo que se decide afecta directamente a un hijo.

La sentencia se dictó con perspectiva de género y atendiendo al interés superior del niño, y los jueces encuadraron la actuación del padre como una posible modalidad de violencia vicaria: una medida que recayó sobre el menor terminó afectando a la madre y desbaratando un proyecto familiar ya organizado. A su juicio, el episodio fue más allá de un simple contratiempo, porque la anulación sin aviso rompió la tranquilidad de madre e hijo, que habían llegado al aeropuerto después de comprobar que no había ninguna restricción.

Como compensación para la madre, la Cámara fijó tres millones de pesos a valores actuales (unos 1.700 euros) por los gastos de cancelación, es decir, los billetes, las reservas y el alquiler del coche. También se fijó un millón para la madre y otro para el hijo (unos 565 euros por cada uno), valorando la ilusión que había despertado el viaje, la frustración de no poder embarcar y la falta de una causa demostrada para impedir la salida.

Lo que no le concedió la Cámara a la madre fue la indemnización aparte por daño psicológico. Esta parte fue rechazada ya que los estudios periciales concluyeron que ni la madre ni el niño presentaban una alteración psicológica atribuible a lo ocurrido. Además, a la suma hay que añadir intereses, que se calcularán al 6% anual puro desde la revocación hasta la sentencia de la Cámara. Y no sólo eso: las costas de las dos instancias también corren por cuenta del padre.

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